Fueros y liberalismo. Guerras carlistas y cuestión foral. (1833-1876)

Pertenece al temario de Historia (2012-2013)

El país vasco y todos los territorios de la monarquía hispánica presentaban unas características similares hasta el siglo XIX.

El sistema político era muy sencillo:

• Todos tenían en común un rey
• Cada territorio tenia sus propias instituciones, impuestos, leyes y fueros.

Tras la llegada de los Borbones en la Guerra de Sucesión, se inició un proceso de centralización, cuyo primer paso fueron los decretos de nueva planta; y su ultimo paso fue la abolición de los fueros vascos en 1876. Uno de los rasgos mas significativos de los siglos XVIII y XIX fue el mantenimiento de los fueros vascos.

No es correcto hablar de sistema foral vasco, ya que cada territorio poseía fueros diferenciados, los cuales daban a los diferentes territorios distintas nomenclaturas (Reino de Navarra, Provincia de Gipuzkoa, Señorío de Bizkaia, Hermandad de Álava)

En la Edad Media a las leyes se les dio el nombre de fueros. Estas leyes eran particulares de una ciudad, una región, un grupo social o una institución.

Su origen es doble:

• como privilegios concedidos por el rey
• costumbres no escritas de un territorio convertidas en escritas por su idoneidad.

Su polémica surgió a raíz de esa interpretación, dado que el rey consideraba que eran privilegios y las instituciones que eran costumbres.

Los fueros son, por tanto, un sistema político limitado.

Los fueros establecían un régimen de soberanía compartida entre el rey y los territorios vascos, cuyos rasgos eran:

• Dotar de una gran autonomía, dado que estaban jurados por el rey y los fueros otorgan el derecho de no aplicar leyes perjudiciales para los fueros, llamado pase foral.
• El singular sistema de representación, donde existían las juntas generales y las diputaciones, y el rey era representado por un regente en Bizkaia y Gipuzkoa, por un diputado general en Álava y por un virrey en Navarra.
• Los privilegios otorgados eran la exención de impuestos y de servicio, derecho civil y penal propio e hidalguía universal, de forma que todos los nacidos en estos territorios pertenecían como mínimo al estrato mas bajo de la nobleza.

Evolución y adaptación del sistema foral

El sistema foral fue modificándose para adaptarse al liberalismo y al sistema constitucional.

En el siglo XVIII los borbones inician un proceso de centralización y unificación del estado, mediante los Decretos de Nueva Planta, las provincias administrativas e impuestos comunes. La ilustración puso en el punto de mira a los fueros.

Durante el reinado de Carlos III, y por efecto de la ilustración, se creó la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.

Durante el reinado de Carlos IV, las provincias de Behe Nafarroa, Lapurdi y Zuberoa pasaron al control de la administración francesa. El País Vasco, por su parte, sufrió los efectos de la Guerra de la Convención. Durante el gobierno de Godoy se dio el primer enfrentamiento entre la burguesía liberal urbana y los jauntxos por el poder de las instituciones forales.

Durante la guerra de la independencia hubo un gran momento de expectación. En 1808 se barajó abolir los fueros, aunque no se llevo a cabo. En 1810, Napoleón suprimió el sistema foral. En 1812 las cortes plantearon si los fueros y el liberalismo eran compatibles. En la constitución de dichas cortes no se hacia mención a dichos fueros. Todos los territorios excepto Bizkaia aprobaron dicha constitución.

A partir de ese momento el País Vasco se enfrentó a negociar y adaptar su sistema foral al nuevo régimen constitucional.

Durante el reinado de Fernando VII se dieron tres etapas.

En el Sexenio absolutista se recuperó la autoridad anterior de los jauntxos en las instituciones forales, se implantaron las aduanas en el interior y se restableció la Ley del Mayorazgo.

Durante el trienio liberal se suprimió el régimen foral, las instituciones volvieron a ser elegidas por sufragio (aunque se aplicaría la técnica del fraude), las aduanas se limitarían a la costa y se suprimiría la ley del Mayorazgo. Asimismo, el liberalismo se fue afianzando en las ciudades.

En el ultimo periodo de Fernando VII, la década ominosa, se recuperó la autoridad de los jauntxos en las instituciones forales, se implantaron las aduanas en el interior y se restableció la Ley del Mayorazgo. La perdida de las colonias en perjudicó a las exportaciones vascas. Surgieron las partidas de voluntarios realistas, y la sociedad se dividió entre una mayoría absolutista pro-fueros y una minoría pro-liberal.

El reinado de Isabel II respecto a los fueros se divide en cuatro apartados.

Durante la Regencia de Maria Cristina, España inicia la construcción del liberalismo y el país vasco esta sumergido en la primera guerra carlista. Se produce entonces un enfrentamiento entre las instituciones forales y las provinciales. Los principales hechos que atacaron a los fueros fueron las constituciones de 1834 y 1837 y las desamortizaciones de Mendizabal. Tras la perdida de la primera guerra carlista se iniciará el primer proceso de adaptación foral.

En la regencia de Espartero, y como consecuencia de la perdida de la guerra carlista, la adaptación de los fueros se daría, en primer lugar con Navarra, mediante la ley paccionada, y después en el País Vasco, mediante un decreto, ambos en 1841.

Durante la década moderada, se volvería a la situacion anterior a 1840, a excepción de las aduanas y del pase foral, que se perderían. En la duplicidad entre el poder de las diputaciones forales y las provinciales, surgirían los gobiernos mixtos. Se dio un acuerdo entre liberales y fueristas que benefició a ambos, ya que se ganaron competencias.

En el resto del reinado de Isabel II predominaría la estabilidad. La segunda Guerra carlista no afectó al País Vasco, y se consiguió un aumento de competencias, especialmente en el moderantismo.

El sexenio democrático fue un periodo revolucionario que respetó los fueros. Durante esta etapa se produjo un choque religioso entre los revolucionarios y los vascos. Con la elección de Amadeo de Saboya como Rey de España, se inició la tercera guerra carlista, con el fin de defender la religión católica.

Durante la restauración finalizó la tercera guerra carlista, en 1876. A consecuencia de ella, se aprobó la ley abolitiva de los fueros. Poco después, Cánovas del Castillo concedió a País Vasco y Navarra los conciertos económicos, es decir, la capacidad de recaudar impuestos y de negociar la cantidad o cupo a pagar al estado.

Primera Guerra Carlista

Este conflicto tuvo dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, los carlistas, defensores de Carlos Maria Isidro, del absolutismo y del antiguo régimen. Su ideología se basaba en la defensa de los fueros, de la propiedad tradicional de la tierra y del integrismo religioso. Su lema era "Dios, patria, fueros y Rey". Los campesinos del norte, la pequeña nobleza, el clero conservador y los artesanos secundaron este bando. Sus lideres fueron Zumalacarregui y Maroto. Por otro lado se encontraban los isabelinos, defensores de Isabel, de las ideas ilustradas del siglo XVIII y de la revolución francesa y americana. Su ideología se basaba en la defensa del gobierno constitucional y la legislación centralista única, así como la sociedad civil no mediatizada por la religión. Las clases ilustradas, los burgueses y el proletariado urbano secundaron este bando.

Esta guerra se produjo, ademas de por la cuestión sucesoria, por la hábil estrategia de los carlistas de aunar el antiguo régimen con el movimiento fuerista. Esto produjo que, ademas, el principal escenario en esta guerra fuese el País Vasco.

La guerra comenzó con la predominancia del carlismo, ya que aprovecharon el retraso del comienzo que arrastraba el movimiento isabelino. En este periodo los carlistas comenzaron con su organización territorial. Sin embargo, con Zumalacarregui al frente, y visto el éxito en anteriores campañas, los carlistas decidieron tomar Bilbao, lo que concluyó con la muerte del caudillo y el declive de los carlistas. Estos decidieron, bajo la dirección de Maroto, cambiar de estrategia y dirigirse hacia la meseta, lo que supuso el fin de esta guerra.

Esta guerra supuso, por un lado, la victoria de los isabelinos y la consagración de su reinado y, por otro, la integracion del régimen foral, dado que al final de la guerra se firmó el Pacto de Bergara, que estableció la integración de los fueros en el régimen constitucional.

Tercera Guerra Carlista

Esta guerra congregó a los dos bandos de la anterior, ya evolucionados y con nuevos lideres. Por un lado, los carlistas, con Carlos VII a la cabeza, respaldado por generales como Ollo o Santa Cruz. Su ideología se basaba en la defensa de los fueros, de la propiedad tradicional de la tierra y del integrismo religioso. El carlismo ganó mas adeptos en esta guerra debido a la revolución. Por otro lado, los demócratas, encabezados por Amadeo de Saboya y defensores de los derechos al trono de Alfonso XII. Su ideología se basaba en la defensa del gobierno constitucional y la separación iglesia-estado, entre otros. sus seguidores fueron los ilustrados, los burgueses y el movimiento obrero.

Esta guerra se inició debido al anticlericalismo y afán revolucionario del sexenio (mal recibido entre los conservadores), la defensa de los fueros vascos y navarros, la cuestión dinástica recuperada de la mano de Carlos VII y el mantenimiento del orden ya establecido.

Esta guerra, en su desarrollo, fue muy similar a la Primera Guerra Carlista. También un navarro, Ollo, formó un pequeño ejercito, y después de unas batallas gloriosas en el norte de Navarra y Álava, se propuso como objetivo sitiar la villa de Bilbao. Como Zumalacarregui, Ollo también murió en el intento, lo que obligó a los carlistas a replegarse. La contienda terminó poco después, aunque con alguna sorpresa por parte de los carlistas.

Esta guerra dejó cuatro consecuencias evidentes. La primera y mas inmediata fue la evolución del carlismo hacia una opción política de extrema derecha, después de su exilio. La segunda, la abolición de los fueros de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. No obstante, y como tercera consecuencia, Canovas del Castillo fijó un modelo haciendistico especial para estas provincias, llamado concierto económico, y por el que se les permitía a dichas provincias recaudar y gestionar los impuestos a cambio de un cupo por los servicios concedidos por el estado. Por ultimo, y como consecuencia del nuevo régimen fiscal, las diputaciones acercaron la Administración al ciudadano y las provincias disfrutaron de unos servicios de mayor calidad, y ayudaron a acelerar la industrialización.